Tras una semana cargada de disputas políticas, el Gobierno anunció que el 20 de octubre se hará la audiencia pública que reclamaba la firma que explotará la mina de cobre.
El Gobierno anunció ayer finalmente que el próximo 20 de octubre se llevará adelante un paso clave para la habilitación del proyecto minero de cobre en Uspallata, que estuvo envuelta esta última semana en una controversia política.
Funcionarios de la Dirección de Minería y de la Secretaría de Control Ambiental confirmaron en una rueda de prensa conjunta que para esa fecha fue convocada la audiencia pública, anteúltimo procedimiento que necesita la empresa San Jorge para comenzar los trabajos de explotación en el yacimiento.
Sin embargo, la empresa deberá presentar antes un estudio considerado imprescindible por las autoridades ambientales, tal como había planteado el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, en medio de una dura disputa interna con el peronismo que luego fue saldada por el gobernador Celso Jaque.
Esto es, un análisis hídrico de la cuenca del arroyo El Tigre –de donde la mina sacará agua– para determinar si es cerrada o abierta y si, en ese sentido, corren peligro de contaminación las aguas que abastecen a Uspallata.
El anuncio lo realizaron la secretaria de Minería, Adriana Blesa, y el director de Protección Ambiental, Ricardo Debandi, quienes ratificaron que la presentación de ese estudio es condición para el avance de las autorizaciones definitivas del proyecto minero.
Más allá de la demostración oficial de avanzar con la habilitación de la mina, esta exigencia no es menor: San Jorge viene asegurando que el estudio que Ambiente exige “es superfluo y de imposible cumplimiento”, y ya anticipó que no estaba en condiciones de realizarlo.
“Hemos presentado estudios que ya dicen eso, como el dictamen de la Universidad Tecnológica Nacional. El mismo ya dice que la cuenca es cerrada. Si ahora Ambiente pretende un mayor grado de determinación o, como se nos ha dicho, que se demuestre que esto es así fehacientemente, va a resultar de cumplimiento imposible y va a demorar meses y meses. Esto no está vinculado al tema económico; el estudio solicitado es inconducente”, sostuvo el abogado de San Jorge, Fabián Gregorio, a principios de esta semana, con relación al costo del estudio, que rondaría los $400.000.
Ahora sólo resta saberse, con esta decisión tomada por el gobierno de Jaque de llamar a audiencia pública, cuál será la posición que adoptarán al respecto.
Qué se está discutiendo. San Jorge es uno de los proyectos de inversión más importantes en Mendoza, aunque es resistido por un gran grupo de vecinos de Uspallata, que teme fundamentalmente la contaminación del agua de la zona. La empresa reclamó celeridad, a la vez que amenazó con trasladarse a San Juan si Mendoza no daba señales concretas de avance. Estas amenazas fueron calificadas de “ridículas” por Carmona.
La crisis se había dado por una mina ubicada a 42 kilómetros al norte de Uspallata, propiedad de la canadiense Coro Mining Corporation, que calcula extraer, durante 16 años de explotación, alrededor de 40.000 toneladas de cobre, con una inversión inicial de U$S277.000.000.
El tema había generado cruces dentro del peronismo y en el mismo gabinete, que se manifiesta como pro minero. Luego de varios días en los que el tema de la renuncia de Carmona se mencionó en los pasillos de la Casa de Gobierno, el propio secretario explicó ante Jaque los motivos de su postura en un encuentro que mantuvieron el lunes a la mañana y que se transformó, esa misma noche, en un reunión más amplia entre el secretario de Ambiente y quienes lo cuestionaban.
Un día después, Jaque avalaba en público al secretario de Ambiente con una definición firme y de claro respaldo: “En Mendoza, de minería habla Carmona”.
Fuente: Diario Uno.
